El juez atribuye a la dirección de Catalunya i Territori
varios delitos de índole económica. Los acusados habrían desviado fondos para saldar deudas del partido.
El juzgado de Barcelona que durante los
tres últimos años y medio ha investigado el presunto desvio de fondos de la
Fundado Catalunya i Territori, vinculada a miembros de Unió, ha finalizado sus
pesquisas y ha acordado mantener la imputación para cinco personas, entre
ellos el presidente de la entidad y exdirector general de Consum en la década de
los 90, Josep Boque Cos, y el que fuera gerente del partido democristiano,
Josep Maria Núñez. El juez les atribuye diversos delitos, desde apropiación
indebida, falsedad y otros de índole económico. El magistrado ha archivado la
causa para una decena de acusados más.
La fiscalía sostiene que la fundación y un grupo
empresarial (vinculado a vocales de la entidad, de la que percibió fondos)
pagaron servicios prestados por un proveedor a Unió. Además, Catalunya y
Territorio cedió diversos locales al partido para instalar sedes de los
democristianos y, después, le vendió alguno de ellos a un precio inferior al
del mercado. En febrero del año pasado, el juez citó a Unió para que
compareciera en la causa como responsable civil a título lucrativo. Sin
embargo, el partido ha pagado a la fundación alrededor de 195.000 euros en
concepto de alquileres de sedes y compra de locales, con lo que posiblemente
quedará fuera del proceso.
FACTURAS FALSAS. El juez señala en su auto que los acusados Joan Albert López
Sans y Miguel Ángel Cortés, que eran rectores de la fundación, y Josep Maria
Núñez, gerente de UDC, de forma «conjunta y concertadamente» procedieron a
desviar fondos de la fundación para saldar las deudas que el partido había
contraído con la empresa Kontrats Produccions por la prestación de diversos
servicios, como organización de congresos, reuniones y jornadas.
La resolución detalla que el administrador
de Kontrats declaró en sede judicial que el que fuera gerente de Unió le
indicó que para cobrar estos servicios girara facturas al grupo empresarial
IMS, que a su vez, se había nutrido de fondos de la fundación(1.8 millones)y en
el que había miembros de la misma, y a Catalunya i Territori. Por este
sistema, facturó 177.931 euros. Además, a par-tirdel 2005, la fundación, con
el consentimiento de su cúpula, renunció a cobrar los alquileres de inmuebles
de su propiedad repartidos por Catalunya y que habían sido arrendados para
albergar las sedes del partido. Estos hechos, según el juez, podrían constituir
los delitos de administración desleal, agravación dolosa de la insolvencia y
falsedad documental.
En su escrito, eljuez también detalla, a
partir de supuestas facturas falsas, otros presuntos delitos cometidos por los
directivos del Grupo IMS y de la fundación vinculada a Unió, que recibió
donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre los años 2003 y
2007.
Ref. EL PERIÓDICO 25/03/2014
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada