El Gobierno está convencido de que Mas será
investido presidente de la Generalitat antes de las elecciones generales del
20-D.
Los movimientos detectados en los últimos días y
el pánico en los círculos soberanistas a la convocatoria de nuevas elecciones
han confluido para encarrilar un acuerdo que parecía imposible hace tan sólo
10 días.
A que se produzca ese cambio ha colaborado
enormemente el líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez,
que ha ejercido una intensa presión sobre la CUP para que su cerrazón no aborte
el proceso.
La ANC, de hecho, había convocado una gran
manifestación el pasado domingo para llamnar al consenso entre los partidos que
defienden la independencia. El acto tuvo que ser suspendido por los atentados
de París, pero se celebrará este domingo.
A Sánchez, un hombre que proviene de ICV como
Romeva, se le atribuye cierto ascendiente sobre la CUP y, esto es lo más importante,
la capacidad de movilizar a miles de personas que, en estos momentos, según sus
palabras, se encuentran «decepcionadas».
La ANC se convirtió en la palanca esencial para
la creación de Junts pel Sí y ahora vuelve a ser la herramienta clave para
forzar a la CUP a aportar los votos que necesita Mas.
El punto crítico de la negociación, según fuentes
solventes, es que el partido de Baños exige una muestra inequívoca por parte
del president de que va a seguir la hoja de ruta marcada para alcanzar la
república catalana, lo que implicará desobedecer la resolución del Tribunal
Constitucional, que suspendió la declaración independentista del Parlament.
El Gobierno cree que Baños llevará
ese principio de acuerdo a la asamblea que la CUP tiene previsto celebrar la
próxima semana. Una de las alternativas que se barajan es que no vote a favor
de la investidura todo el grupo, sino sólo los dos parlamentarios que harían
falta para lograr la mayoría.
Resulta curioso que el consejero de
Economía en funciones, Mas-Colell, uno de los hombres más críticos con los
acuerdos firmados entre el president y los antisistema, afirmase el pasado
lunes en un artículo publicado por Ara: «De la CUP podemos aceptar dos votos para la
investidura de Artur Mas como presidente, pero no sus condiciones».
Aunque parezca paradójico, la presión
de la facción más moderada de CDC (la salida de Fernández Teixidó es un camino
que podrían seguir otros históricos del nacionalismo) también ha ayudado a
allanar el camino.
Las declaraciones de Francesc Homs,
un consejero muy cercano a Mas y situado en el ala más radical de Convergencia,
abogando por una «solución negociada» con el Estado justificada porque el
independentismo ahora no tiene suficiente fuerza como para «culminar el
proceso», ha sido interpretada en fuentes del Gobierno como un aviso a
navegantes.
No es que haya habido un giro hacia
la moderación, sino, según apuntan las fuentes, una velada amenaza a la CUP y
a ERC de que Mas podría reconsiderar el proceso, e incluso la continuidad de
Junts pel Sí, si no se produce la investidura en las próximas semanas.
El soberanismo ve con preocupación el
desánimo que cunde en sus filas. Por eso rechaza la posibilidad de convocar
nuevas elecciones, lo que habría que hacer si no está constituido un nuevo
Gobierno antes del 10 de enero. Si se
diera esa opción, la CUP sabe que ganaría peso, al robarle apoyos a ERC, pero
también que la suma de los votos independentistas nunca llegaría a los 72
escaños que ahora tiene. Por eso Baños dice que adelantar los comicios «es
reaccionario».
Los separatistas están convencidos de
que las generales se van a analizar desde Madrid como otro plebiscito y temen
que el apoyo a sus opciones quede muy por debajo de la suma de los partidos
constitucionalistas. Por eso quieren que Mas sea investido antes del 20-D.
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