LA CONTUNDENCIA con la que el juez de la Audiencia
Nacional José de la Mata radiografía en su último auto el latrocinio larvado
por Jordi Pujol y su familia a lo largo de casi tres décadas de hegemonía
política en Cataluña supone un punto de inflexión en la consideración pública y
social del ex presidente de la Generalitat. Quien durante tantos años se
presentó como adalid de las esencias do la patria catalana quedó reducido el
miércoles por el magistrado a epicentro de una «organización delictiva»
dedicada al «lavado de dinero de presunto origen criminal». La crudeza de la
descripción del juez de las pautas de actuación y los patrones de
comportamiento desarrollados «durante años» por los miembros de la familia Pujol
contrasta con el silencio estruendoso del nacionalismo catalán, cuyos
dirigentes continúan mostrándose refractarios a asumir las responsabilidades
políticas derivadas de los delitos atribuidos a quien fue el mentor político de
Artur Mas.
Tanto Pujol como su mujer, Marta
Ferrusola, declararán como imputados ante la Audiencia Nacional el próximo 10
de febrero. Se trata de un salto cualitativo de suma importancia en los
distintos procesos que se siguen contra la familia del ex presidente catalán.
El auto de De la Mata es relevante por dos motivos fundamentales. Primero,
porque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acumulado el
procedimiento seguido en Barcelona por la supuesta herencia de Andorra -destapada
por EL MUNDO- a la causa que él ya tenía abierta contra tres de los hijos del
ex presidente catalán: Jordi, Pere y Josep, lo que en la práctica significa que
asume toda la investigación. Y, segundo, porque deja al desnudo las vergüenzas
y falsedades con las que Pujol ha venido sustentando su relato desde que en
julio de 2014 confesó públicamente que su familia había tenido cuentas ocultas
al Fisco en paraísos fiscales durante 30 años.
De la Mata sostiene que «los miembros de la
familia Pujol Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia
compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios, generar réditos,
ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos
para conseguir el lavado de los activos conseguidos». Para el juez, el
patrimonio acumulado por el ex president en Andorra no se justifica «con los
ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que
ostente') durante 23 años». Además, subraya la existencia de operaciones financieras
«anómalas» o «extrañas a las prácticas comerciales ordinarias», al tiempo que
agrega que «no existen negocios lícitos que justifiquen» el incremento
patrimonial o las transmisiones dinerarias realizadas entre los miembros del
clan Pujol.
La investigación judicial pone al descubierto que
el ex jefe del Gobierno catalán mintió cuando se parapetó en el subterfugio de
una herencia familiar para justificar la fortuna ocultada a Hacienda y el
origen opaco de la misma. La realidad es que el calibre de la trama
presuntamente criminal urdida por la familia Pujol estaba sustentada, fundamentalmente,
en el cobro de comisiones en contratos públicos. Pero también en el asesora-
miento a multitud de compañías, de sectores variopintos, lo que permite
concluir que, o bien Pujol y sus hijos eran unos cerebros de la consultoría, o
bien se lucraron de forma presuntamente ilícita aprovechándose de su posición
privilegiada. Lo que sí ha ha hecho suya De la Mata es la investigación de la
Udef alrededor del uso de complejas sociedades instrumentales por parte de los
Pujol para dejar de cobrar comisiones en efectivo y, por tanto, esquivar los
controles. De hecho, los informes policiales ya acreditaron que Jordi Pujol
Ferrusola, hijo mayor del clan, recibió entre 2006 y 2009 un total de 710.000
euros en comisiones de FCC a través de su testaferro londinense.
El Servicio de Blanqueo de Capitales ya cifró en
más de 500 millones el dinero que han movido los Pujol a través de cuentas
opacas en sucesivas operaciones. Por ello, resulta especialmente sorprendente
e inexplicable que la Justicia no haya estimado conveniente aún adoptar
medidas preventivas. Porque, a diferencia del tratamiento recibido por otros
imputados, como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas o Francisco Granados, Pujol ha
sido objeto de un tratamiento privilegiado, fruto de su peso político. Y
aunque es posible que en este caso no exista riesgo de fuga, sí concurren
indicios que justificarían el ingreso provisional en prisión, especialmente,
dada la extraordinaria gravedad de las imputaciones.
El escándalo alrededor de los Pujol supone una
enmienda a la totalidad no sólo a quien fue el símbolo del catalanismo desde
la Transición, sino a sus herederos políticos. Resulta difícil disociar los
delitos imputados a Pujol de la deriva secesionista de Mas. Y no sólo porque
éste fuera conseller de Economía del Govern mientras el Molt Honorable y su
familia amasaron ingentes cantidades de dinero, sino por su incapacidad para
desprenderse de las sospechas que lastran la ejecutoria de su padre político.
Jo suposaría, que l’herencia li deuría venir d’un oncle del Canadà, “que ni
era oncle, ni era ná”, segons una jocosa frase espanyola.
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