El Parlamento de Cataluña invistió ayer a un nuevo presidente de la
Generalidad que se presentó ante la cámara con un programa político cuyo
objetivo principal es el inicio de construcción de un Estado independiente y
que asumió, sin resquicios, la vigencia de la declaración aprobada el 9 del
último noviembre, y que el Tribunal Constitucional ha suspendido. La citada
declaración establecía que, a partir de su aprobación, los gobernantes catalanes
no reconocerían otra legalidad que la emanada de su parlamento. El nuevo presidente
se refirió a ello inequívocamente en su respuesta al candidato socialista,
Miquel Iceta, que le había pedido explicaciones sobre su adhesión a la
declaración parlamentaria: «Esta Cámara no estará nunca fuera de la ley, porque
la primera misión del Parlamento es legislar, crear marcos legales». El
presidente Puigde- mont decía eso pocos minutos después de que el presidente Rajoy pronunciara una declaración
institucional en la que aseguraba: «El Gobierno no pasará ni una sola actuación contraria a la ley».
Ahora, el gran tema de España es saber qué
significa la palabra actuación. El 9 de noviembre el Parlamento catalán aprobó
una declaración de sedición. Cuando el Tribunal Constitucional la suspendió,
el Parlamento autónomo presentó unas sorprendentes alegaciones que situaban
esa declaración en el ambiguo terreno de las aspiraciones abstractas, sin
mayor efecto práctico. Pero la sesión de investidura acabó ayer con el sentido
que pudieran tener esas alegaciones y, sobre todo, con la posible inactividad,
con el carácter durmiente, de
esa
declaración. A pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional, el
pre sidente de la Generalidad y máximo representante
del Estado en Cataluña se comprometió ayer solemnemente a llevar a cabo el
proceso de sedición. Entre el 9 de noviembre y el 10 de enero, y respecto de
los planes independentistas, hay una sustancial diferencia: esos planes han
sido declarados ilegales por el alto tribunal del Estado. Y a pesar de ello el
nuevo presidente ha decidido incluirlos en su programa de gobierno y llevarlos
a la práctica.
La
situación recuerda, inexorablemente, a la que se produjo otro 9 de noviembre,
pero esta vez de 2014, cuando el gobierno de la Generalidad organizó un
referéndum ilegal por la independencia, a pesar de que el Tribunal
Constitucional había declarado ilegal la iniciativa. Por ese acto, el fiscal
general del Estado presentó una querella contra Artur Mas, que se encuentra
aún en trámite jurídico. La pregunta se desliza sola. ¿Van a tomar el Gobierno
del Estado y los tribunales alguna medida contra la autoridad que,
explícitamente, ha decidido desobedecer la instrucción del Tribunal
Constitucional? Y una pregunta más: ¿Cómo justificaría el no tomarla, respecto
incluso a su tan morigerada actuación anterior?
El presidente
Rajoy tiene la costumbre, en estas declaraciones, de incluir una llamada a la
confianza de los ciudadanos. «Los españoles pueden estar tranquilos...». No
dudo de su buena voluntad. Pero los españoles habrían estado mucho más tranquilos
si ayer, en vez de aludir a su intención genérica de no dejar pasar un solo acto
contrario a la ley (¡que solo faltaría!), hubiese anunciado su voluntad de
poner en conocimiento del fiscal general del Estado el contenido de la sesión
de investidura y la posibilidad de que haya infringido claramente la ley.
Entre
otros asuntos, no menores, porque al presidente de la Generalidad lo nombra el
Rey de España, y seguramente al Rey de España le convendría saber si su firma,
por muy a acto debido que responda y muy automática que sea, va a sancionar el nombramiento
de alguien que ha manifestado nítidamente su voluntad de destruir el Estado.
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