El día en que las fuerzas nacionalistas emprendían una campaña contra
el Rey a propósito de la decisión de no recibir en audiencia a la presidenta
del Parlament, el Gobierno refrendaba abiertamente la actuación de la Casa.
Primero, en boca del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá,
que en declaraciones a este diario aseguró: «Estoy plenamente convencido de
que el Rey ha actuado como debía». Según el Notario Mayor del Reino, «Felipe
VI ha cumplido estrictamente con su función constitucional al nombrar al
presidente de la Ge- neralitat investido». Según insistía, recibir en audiencia
al presidente de la Asamblea legislativa de Cataluña para cumplir con este
trámite «era una costumbre, pero no una obligación»; y si algo ha hecho el
Monarca en este caso es «cumplir estrictamente con su obligación».
Por otra parte, fuentes del mismo Ejecutivo en funciones admitían,
además, el acierto que a su juicio había supuesto la decisión de «no dar
bolilla» a unas instituciones -el Parlament y el nuevo Govern- que han hecho
gala desde su constitución, tanto del inde- pendentismo como de su republicanismo;
y no sólo como seña de identidad sino como auténtica hoja de ruta.
Según las mismas fuentes, una cosa es cumplir con los trámites -sobre
los que ni el Ejecutivo ni la Casa tienen dudas, pese a la naturaleza de las
nuevas instituciones catalanas-, y otra bien distinta, tener hacia ellas la
«deferencia» es decir, el respeto, la cortesía y hasta la condescendencia- que
representa un encuentro presencial. Éste era, de hecho, el sentido que la Casa
dio en el pasado a las singulares audiencias a los presidentes de las Cámaras
regionales de Cataluña y el País Vasco.
Y es que, como comentaba un ex barón popular a este diario, «al presidente del Parlamento de mi Comunidad nunca se
le habría ocurrido pedir una audiencia a su Majestad para comunicar mi investidura».
«El caso de Cataluña y País Vasco siempre fue una excepción por razones
obvias», añadía, «que ha perdido su sentido una vez que se ha roto el anterior
clima de lealtad institucional».
El acuerdo en torno a la no celebración de la audiencia en La
Zarzuela era ayer bastante generalizado en el entorno más próximo al
Ejecutivo, si bien hubo quien habría preferido que el Monarca hubiera optado
por alguna fórmula intermedia, como atender la petición de Forcadell
precisamente para evitar el posible desaire , en su despacho sin cámaras de por medio. Y es que los populares están convencidos de que Forcadell buscaba
una instrumentalización de la
audiencia a favor de sus propósitos. Lejos
de alimentar la polémica generada ayer por los nacionalistas, desde la propia
Jefatura del Estado se retrotraían ayer a la información suministrada la víspera,
según la cual, el secretario general de la Casa se limitó a informar al
Parlament y a cumplir con el trámite constitucional, sin otras consideraciones.
En su escrúpulo institucional, la Corona no aclaraba ayer si la
decisión había sido consensuada con el Gobierno -tampoco accedió a hacerlo el
Ejecutivo-, pero ninguna de las fuentes consultadas dudaba del sello exclusivo
de La Moncloa tras la escueta despedida de Artur Mas en el BOE: «Vengo a
declarar», rezaba el texto del Real Decreto de Presidencia, «el cese de Don
Artur Mas como presidente de la Generalitat de Cataluña», obviando, de manera
notoria, el tradicional agradecimiento a los servicios prestados por el ex alto
cargo.
CARMEN REMÍREZ DE
GANUZA
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