EN LA LÍNEA de ir usurpando funciones a los espacios públicos que se
ha establecido poco a poco en el escenario político catalán, el espectáculo al
que asistimos en esta legislatura en el Parlament merece especial reproche.
Ayer mismo, la Mesa del Parlament, una institución que devalúa día a día la
mayoría de Junts pel Sí, optó por hacer dejación de sus responsabilidades y
dar el visto bueno a una moción de la CUP que planteaba una desobediencia
expresa y a todas luces ilegal del mandato del Tribunal Constitucional. Su
pobre excusa era alegar que el texto podía aún ser enmendado y que el mismo día
del pleno la Mesa revisaría la pertinencia de su votación si no se había
modificado su articulado.
La decisión de la Mesa fue, en este sentido, un balón de oxígeno al
desafío legal de la CUP y trasladó a los grupos parlamentarios de manera totalmente
negligente su responsabilidad en el futuro de la iniciativa.
Las tensiones crecientes entre los partidos independentistas que se
mueven por el Parlament han intoxicado el ambiente hasta el punto de que la
cuestión de la Cámara catalana gira en torno a los dimes y diretes de los
radicales, cuando ni siquiera se han cerrado unos presupuestos para hacer
frente a las necesidades sociales de los ciudadanos.
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